República Dominicana necesita priorizar la inversión en prevención de riesgos de desastres

Al celebrarse el Día internacional de la reducción de desastres se hace urgente que en el país se trabaje para reducir el efecto de los desastres, especialmente en las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.

A lo largo de la historia, por su ubicación geográfica, República Dominicana ha estado expuesta a diversos fenómenos naturales, los cuales, en algunas ocasiones, dada la fragilidad de la prevención hala-barquita-norte-1n provocado desastres en el territorio nacional y la pérdida de miles de vidas.

Según registros de Desastre Data Base (EM-DAT Database), desde 1930 al 2015 el país ha sido afectado por más de 70 fenómenos naturales alcanzando aproximadamente 4 millones de afectados-as. Es inevitable que amenazas de este tipo afecten el territorio, pero impedir que estas se conviertan en desastres si es posible y es además un deber nacional.

Para 1966 se creó en el país Oficina Nacional de Defensa Civil, mediante la Ley 257, para velar por la “protección de vidas y bienes”. La iniciativa fue buena, pero su efectividad ha sido insuficiente desde sus orígenes. el Ciclón David es una muestra de ello, tras devastar el país en 1979 miles de personas perdieron la vida. Las pérdidas económicas ascendieron a 1.5 millones de dólares, 37 años después, seguimos siendo un país vulnerable ante los fenómenos naturales y con familias damnificadas que aún no han salido de su situación de refugiadas y con alta vulnerabilidad.

Los efectos de David y las terribles consecuencias del paso del huracán George en 1998 impulsaron en el año 2001 la creación, mediante el decreto No. 360, del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Comisión Nacional de Emergencia (CNE). De igual forma, en 2002 se crea la Ley No. 147-02 sobre gestión de riesgos, con la finalidad de “reducir las condiciones de riesgos existentes en la sociedad dominicana de manera que se adquieran mayores niveles de seguridad y, por lo tanto, de calidad de vida y bienestar”. Esto puede llevar a la inquietante pregunta ¿han funcionado estas medidas?
La historia ha demostrado que, pese a la existencia de instituciones destinadas a la mitigación y prevención de desastre, el modo de ejecución de estas estlos-pinos-3á centrado en la respuesta y no en la prevención y reducción. Esto significa un obstáculo ya que no se da una solución al problema de raíz, solo soluciones paliativas a la hora del desastre, por lo que a la fecha siguen ocurriendo pérdidas humanas y materiales.

Según datos del Banco Mundial el índice de desastres en República Dominicana va en aumento, para la década de los 60 existía un promedio de un evento cada dos años, en los 90 subió a casi un evento por año y para la primera década del 2000 ascendió a 2.6 eventos por año.

Disaster Data Base muestra evidencia de que en los últimos 20 años el número de muertes a causa de desastres ascendió a 1,570 personas. Esta situación es alarmante y pone de manifiesto que las medidas tomadas en los últimos años no están dando resultados.

Esto refleja la condición de fragilidad del país y demuestra que es imprescindible una mayor inversión en materia de gestión de riesgos, enfocada especialmente en las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Es de vital importancia que se de atención al tema de desigualdad ante los desastres, ya que las personas en condiciones de vulnerabilidad son las más afectadas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las mujeres, los niños y las niñas son 14 veces más propensos que los hombres a perder la vida durarte un desastre.

A estas condiciones se le suman otros aspectos a considerar como, por ejemplo, las condiciones del lugar de residencia. Pues, de acuerdo al censo del 2010, unas 848,288 viviendas se encuentran a orillas de ríos, cañadas y/o presas, lo que se traduce miles de personas en riesgo de desastres.

En República Dominicana la inversión en gestión de riesgos es ínfima comparada con las pérdidas económicas que se producen después de un desastre. De acuerdo a datos del Banco Mundial se espera que el país experimente daños por desastres de por lo menos US$1,680 millones (2.7% del PIB) cada 20 años.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “por cada peso que se invierte en prevención de desastres se ahorran 5 pesos en costos de reconstrucción de infraestructura”, estas declaraciones ponen de manifiesto la necesidad de priorizar la inversión y focalizarla en los estratos más vulnerables y empobrecidos.

Gracias a la intervención y colaboración de diversas organizaciones soclos-tres-brazos-andres-3iales, el país cuenta con un marco legal y normativo en materia de prevención de riesgos. La tarea que sigue a continuación es velar por el fortalecimiento y buen funcionamiento del mismo, en materia de inversión y ejecución.

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