Continúan de manera silente desalojos a familias pobres

Tener un techo es mi derecho, foto Fran Afonso

Personas se manifiestan frente al Palacio Nacional, foto Fran Afonso

La Red Urbano Popular, organización que agrupa decenas de expresiones sociales de la zona urbana del país, hizo un llamado al ejecutivo a detener los desalojos forzosos que están ocurriendo en todo el territorio nacional.

Es indignante que en pleno siglo XXI no exista una política clara y alternativa de viviendas que den soluciones a errores cometidos en el pasado en cuanto a los asentamientos humanos y se quiera resolver a la fuerza, obviando la Constitución, los tratados internacionales y el derecho a la vivienda, como un derecho humano afirmó la Red.

En el presupuesto 2013 se aprobó RD$1,626.2 millones para Vivienda y Urbanismo, equivalente a 0.065% del PIB, siendo la asignación más baja en al menos 18 años de registro presupuestario consultados. La reducción de la inversión Estatal en vivienda empuja a la población a buscar soluciones habitacionales en el mercado, en donde los sectores empobrecidos no tienen oportunidades.

Es muy grave que esto ocurra precisamente en este primer año de gobierno del Presidente Danilo Medina, quien se comprometió en su programa de gobierno a trabajar en este sector. Sólo hay que ver el último desalojo ocurrido en Haina, lugar donde fueron llevadas y desatendidas familias afectadas de la tormenta Olga.  Allí más que buscar solución al problema habitacional, ante una demanda privada se prefirió desalojar por la fuerzas a más de 115 familias, de las cuales ya hay 20 en las calles.

Poco a poco la gente pierde la esperanza y la confianza en lo público. El monto presupuestado en RD para el sector vivienda se ha deteriorado año tras año y con ello ha crecido el déficit habitacional. Según los datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el déficit habitacional se ha mantenido en la última década rondando las 860,000 unidades habitacionales.

Se reduce la inversión del gobierno, aumenta el déficit de vivienda y aumentan los desalojos forzosos a familias que no tienen viviendas ni ingresos suficientes para procurarse un asentamiento digno. ¿Cuál es la salida que le estamos dejando a los más empobrecidos del país? ¿Cómo está pensando el Estado que las familias tengan garantizado el derecho a la vivienda?

Los desalojos son consecuencia, precisamente, de la ausencia de  reconocimiento del Estado del derecho adquirido por los pobladores que han construido las ciudades. En República Dominicana, por muchos años se han estado adjudicando los terrenos propiedad del Estado Dominicano de forma irregular a familias que representan sectores de poder económico importantes, sobre todo en zonas de alto potencial turístico: Bahías de las Anguilas, Los Haitises, Bávaro, entre otras. Todo esto bajo la sombrilla de quienes están llamados a proteger el erario público.  Sin embargo a la población más desfavorecida se le excluye y se le echa fuera.

Hacemos un llamado al poder ejecutivo a poner el tema de vivienda en el centro de las políticas sociales. A detener los procesos de desalojos forzosos y violatorios de los derechos humanos. A incluir un monto no menor al 1% del PIB en el presupuesto 2014 para vivienda y a que este monto sea incrementado año tras año a fin de que esté acorde al escandaloso déficit habitacional que tenemos en el país.

¡Tener un techo es un derecho. Paren los desalojos, viviendas dignas para todas y para todos!

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